En la Intendencia de Valparaíso comenzaron las reuniones técnicas que en conjunto con CORFO, BancoEstado y el Ministerio de Educación, se realizarán en la región con los sostenedores de establecimientos educacionales particulares subvencionados en su toma de decisión en el traspaso de su personalidad jurídica a una sin fines de lucro, junto a la visión del banco en cuanto a las posibilidades de capitalización de compra de los inmuebles, situación contemplada en la Ley de Inclusión.

Fueron cerca de 90 los sostenedores interesados en recibir información técnica sobre las gestiones con los bancos para el proceso de compra y de garantía por parte de la CORFO de los establecimientos que ellos poseen. De esta manera, los sostenedores podrán contar con información clara, acceder a ella y tomar una decisión informada.

El intendente Regional, Gabriel Aldoney, explica que este proceso “requiere un procedimiento administrativo y lo que se ha hecho es explicar los derechos y deberes que contraen los sostenedores, para ir avanzando hacia el objetivo de fortalecer la Educación Pública y avanzar en terminar con los problemas de inclusión que existían en los ingresos a los establecimientos y terminar el lucro en la Educación con recursos públicos”.

El Seremi de Educación, Alejandro Tapia Carvajal, indicó que “esta reunión técnica se va a reiterar en el resto de la región, ya que existen muchos sostenedores con inquietudes que han sido sujetos de mucha desinformación”. Señaló también que fue “una reunión exitosa e invaluable donde muchos sostenedores que estaban desinformados pudieron hacerse una idea y un panorama, para luego en el diálogo técnico con ejecutivos del BancoEstado, pudieron hacerse una idea cabal de la operación”.

La Reforma Educacional, a través de la Ley de Inclusión busca establecer que entidades de calidad reinviertan las transferencias públicas vía subvención que reciben del Estado en las escuelas. “Con esto es posible hacer un pilar de la calidad donde cada peso del Estado se reinviertan en educación para asegurar calidad en lo largo y ancho del país”, señaló el Seremi. Agregó también que “deberán tener una contabilidad transparente, con rendiciones de cuentas hasta el último peso, con fines educativos bien definidos y tienen que demostrar que cada uno de los valores y recursos transferidos son usados en el desarrollo del establecimiento educacional y así conseguir que los recursos vayan exclusivamente a la enseñanza”.

Es por esto que una persona jurídica sin fines de lucro, que quiera adquirir el inmueble en el cual funciona el establecimiento educacional podrá acceder a créditos bancarios, garantizados por el Estado, por un plazo de 25 años, los que se pagarán con los recursos públicos entregados por concepto de subvención.

Garantía CORFO

El Estado garantizará los créditos para pagar la adquisición del inmueble, donde el sostenedor contará con la garantía de la Corporación de Fomento de la Producción CORFO, por el crédito que obtenga con empresas bancarias, a fin de adquirir el establecimiento educacional.

El Director Regional de CORFO, Gianni Rivera, señaló que “acá hay una Ley promulgada y la obligación de todos es cumplirla y para eso necesitamos que se cumpla lo estipulado y se acerquen a los bancos determinados por Ley, para que puedan acceder a este sistema que ha implementado el MINEDUC, donde CORFO hace la labor de ser el garante de esta actividad económica”.

Danilo Toro, Jefe Plataforma Educación de BancoEstado, comentó que “tenemos un crédito disponible a 25 años plazo, tenemos también disponible el servicio de tasaciones. La invitación es que visiten nuestro portal, sector pequeña empresa y los sostenedores pueden hacer consultas directamente y ver la situación caso a caso. Queremos generar accesibilidad al financiamiento y realizar una evaluación en nuestro banco. El financiamiento está dirigido principalmente, con la garantía CORFO, para poder comprar el inmueble donde funciona el establecimiento educacional”.

Hasta el próximo viernes 30 de junio, la Secretaría Regional de Educación recibirá la documentación que deben presentar los sostenedores para convertirse en fundaciones sin fines de lucro o cambiarse a particulares pagados o cerrar.